Un abogado denuncia que el nuevo reglamento del Real Madrid permite sancionar opiniones de los socios

El abogado César Romero de la Osa ha denunciado públicamente el Reglamento de Disciplina Social publicado en la web del Real Madrid, al entender que incluye cláusulas que habilitan al club a sancionar a socios y abonados por comentarios realizados fuera del estadio, incluidas publicaciones en redes sociales.

Los artículos que genera controversia

Romero de la Osa señala como especialmente problemáticos dos artículos del texto. El primero, numerado como 9.7, tipifica como infracción muy grave el hecho de faltar al respeto o ofender a los representantes del club mediante acciones, gestos o palabras. El segundo, el artículo 10.18, extiende la sancionabilidad a cualquier acción o manifestación verbal o escrita que pueda perjudicar el respeto, la dignidad o la buena imagen del club y de las personas que lo integran o representan.

Críticas jurídicas y peticiones de intervención

Según el abogado, esas disposiciones permitirían perseguir opiniones amparadas por el derecho a la libertad de expresión y vulnerarían garantías procesales como la presunción de inocencia, la tipicidad y la proporcionalidad. Romero de la Osa afirma que las descalificaciones graves deberían tramitarse ante los tribunales o comunicarse a las fuerzas y cuerpos de seguridad, pero no sancionarse mediante procedimientos internos de un club deportivo.

El letrado denuncia la creación de una Comisión de Disciplina con potestades para controlar manifestaciones de los socios en su vida privada y para imponer medidas cautelares por opinar, una fórmula que ha calificado como «Inquisición social» y que, a su juicio, puede llevar a que un socio pierda su carnet durante años por criticar a la directiva o al presidente.

Romero de la Osa compara estas prácticas con mecanismos propios de regímenes autoritarios y advierte del impacto que tendrían sobre la libertad de los aficionados. En sus declaraciones reclama la intervención del Ministerio de Educación, del Consejo Superior de Deportes y de LaLiga para impedir que clubes adopten normativas internas que, según él, son arbitrarias e ilegales. Asimismo, pide a la Agencia Española de Protección de Datos que analice quién gestiona y almacena las opiniones de los aficionados ante el riesgo de trazabilidad de datos personales sin autorización.

En sus palabras: «Si cometo un delito, que me denuncien. Pero no pueden quitarme derechos por opinar».